La administración de Trump está proponiendo una revisión masiva de las regulaciones federales que cambiaría drásticamente la forma en que los Estados Unidos deciden qué inmigrantes se consideran una "carga pública".
Esa nueva definición, si entra en vigencia, afectaría las solicitudes de cientos de miles de inmigrantes que intentan convertirse en residentes legales permanentes, el primer paso para eventualmente convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que el gobierno estaba aplicando una ley federal de larga data que exige que los inmigrantes en los Estados Unidos "muestren que pueden sostenerse financieramente".
"Esta norma propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso destinada a promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos finitos al garantizar que no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses", dijo.
Los críticos de la propuesta dicen que va demasiado lejos, castigando a los inmigrantes legales más pobres por recibir incluso pequeñas cantidades de ayuda gubernamental justo cuando más la necesitan.
"Los Estados Unidos ya no serían un faro para los soñadores y luchadores del mundo. En cambio, las puertas de Estados Unidos solo estarían abiertas para el mejor postor", se lee en una carta firmada por más de 1,100 organizaciones de defensa que se oponen a las regulaciones propuestas.
La administración estima que el cambio afectará a aproximadamente 380,000 solicitudes al año, pero los grupos de defensa de la inmigración creen que afectará mucho más. Los EE. UU. Otorgan tarjetas de residencia a aproximadamente 1 millón de extranjeros cada año, y los defensores temen que las nuevas regulaciones puedan complicar un número mucho mayor de esas solicitudes.
Los abogados de todo el país han estado digiriendo los cambios propuestos, por lo que aquí están las respuestas a las preguntas más urgentes sobre la revisión propuesta.
¿Qué es una 'carga pública'?
La idea de que los inmigrantes a Estados Unidos deben ser autosuficientes es anterior a la Constitución, cuando las colonias individuales aprobaron leyes para garantizar que "delincuentes", "vagabundos" e "indeseables" no entraran en sus territorios.
La primera vez que se codificó en la ley de los EE. UU. Fue la Ley de inmigración de 1882, que ordenaba a los oficiales portuarios locales rechazar a cualquier "convicto, lunático, idiota o cualquier persona que no pueda cuidarse a sí mismo sin convertirse en un cargo público".
El término se aclaró aún más en la década de 1990 cuando el presidente Bill Clinton firmó una reforma de bienestar social y el ahora desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización, o INS, emitió una guía de campo para instruir a sus oficiales sobre cómo aplicarla. La guía, que permanece en gran parte en vigencia, define una carga pública como alguien que es "principalmente dependiente" de la asistencia del gobierno. Eso significa recibir asistencia en efectivo que representa más de la mitad de sus ingresos, o recibir atención médica a largo plazo "a expensas del gobierno".
¿Cómo está cambiando la definición?
Las nuevas regulaciones propuestas por la administración de Trump incluyen una fórmula complicada que amplía enormemente la definición de cargo público para incluir a cualquier inmigrante que reciba diversos niveles de ayuda gubernamental.
Eso incluye programas de efectivo controlados por administraciones anteriores, como Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y asistencia de efectivo local y estatal. Las nuevas regulaciones también considerarían los beneficios "no monetarios", como el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (conocido como cupones de alimentos), la vivienda de la Sección 8 y la asistencia para el alquiler, los beneficios de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare y Medicaid en situaciones que no sean de emergencia.
Las nuevas reglas permiten a los funcionarios de inmigración sopesar una amplia variedad de "factores negativos" que la administración considera una indicación de que la persona probablemente se convierta en una carga pública, pero que los defensores de inmigración dicen que es demasiado amplia y penaliza a los niños, los ancianos y los pobres. Esos factores incluyen la edad de los solicitantes (específicamente si el solicitante es menor de 18 años o mayor de 61), salud, educación, habilidades laborales, ingresos y estado familiar.
Los nuevos límites se aplicarían a cualquier persona que busque una tarjeta verde y a muchos extranjeros que intentan obtener o extender visas temporales.
El gobierno dice que los cambios ahorrarían a los contribuyentes estadounidenses $ 2.7 mil millones al año al negar a los inmigrantes que probablemente reciban beneficios del gobierno. Pero los grupos de defensa, incluidos el Centro para la Ley y la Política Social y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dicen que las nuevas reglas discriminarían a los inmigrantes poco calificados y de bajos ingresos, transformando a los Estados Unidos "de un país que da la bienvenida a las personas que planean trabajar duro y lograr una vida mejor, a uno amañado a favor de los ricos ".